Camino de liquidar la escuela pública

   La educación en España tiene un problema. Tanto la situación actual como el periplo tambaleante de los últimos años provienen de una consideración errónea, pues no se ha asumido un principio básico: que la enseñanza pública tiene que impartirse en igualdad de condiciones, que solo tiene sentido si se aplica estrictamente este criterio. Así, debe atenderse a un alumno con las mismas garantías con independencia de cuáles sean su domicilio, procedencia o clase social. De ahí que se extendiera la obligatoriedad hasta los dieciséis años, que existan becas, líneas de transporte, bibliotecas...

   Resulta inadmisible, por tanto, que un estado capitalista subvencione instituciones privadas de enseñanza. La lógica del sistema permite que existan, claro, pero pagando por sus servicios y no sostenidas por dinero público. La trampa es clara, pues los alumnos de estos centros no son atendidos de la misma manera y las condiciones laborales de su personal son bien distintas, así como su reglamento interno y su proyecto curricular, pero el estado los fomenta y protege como especies en peligro de extinción. Se da la paradoja, además, de que esa subvención está aumentando claramente, ya que las comunidades autónomas prefieren asumir el crecimiento del alumnado por medio de esos centros mientras desasisten a los públicos, llegando a darse el caso de que muchas familias, pese a matricular a sus hijos en centros públicos, ven cómo la propia administración los reconduce a los concertados por falta de plazas. Es este desvío de fondos y la inclusión de los centros privados en la red pública la que genera un agravio comparativo.

   Por supuesto, esto ocurre  únicamente en zonas urbanas bastante pobladas y en etapas obligatorias. ¿Cuántos centros privados hay en zonas rurales, cuántos ciclos formativos de formación profesional sin subvención, cuántas facultades privadas de Medicina? Y, sin embargo, ¿cuántos alumnos de concertado pasan a estudiar bachillerato a los institutos cuando ya no les sale gratis a sus familias? El estado cubre, como es su obligación, toda esa oferta educativa "no rentable" para las empresas, pero, sin embargo, mantiene centros que inculcan una moral religiosa y pagan menos y cargan más a profesores que seleccionan con criterios  arbitrarios (básicamente el enchufe que las oposiciones intentan evitar).

   Es una actuación profundamente hipócrita, como lo es desviar a trabajadores públicos a los seguros médicos privados, permitir que los médicos con sueldo público trabajen en el ámbito privado o privatizar empresas públicas que provienen de monopolios. Es, en el fondo, la política pública de quien no cree en las políticas públicas, de quien pretende mantener los privilegios de las élites. De ahí que la disminución del presupuesto de la educación pública, el empeoramiento de las condiciones laborales de sus profesores o su despido encubierto tengan tanta importancia en un curso en el que hay más alumnos (7.928.727) que nunca. Tal es la actitud de los gobernantes que plantean ya sin tapujos el verdadero objetivo del sistema en el que creen: que la educación deje de ser gratuita (no gratis, sino mantenida con los impuestos, que no es lo mismo) y consagre las desigualdades creadas por el sistema económico; que cada uno pague por lo que usa y no que haya servicios comunes para todos. Cuidado, en la actualidad la escuela es de lo poco aue aún nos ofrece alguna garantía de igualdad.

Con la iglesia hemos topado...